Cada vez que se enciende un fuego, la comunidad se alarma y nadie quiere acostumbrarse a que el fuego haga estragos de temporada en temporada. Pero también es cierto que sin trabajo de prevención, el fuego seguirá siendo incontrolable.
El lunes pasado y en carácter de urgente, unos 50 productores nucleados en las Sociedades Rurales de Jesús María, Deán Funes y Cruz del Eje se mostraron preocupados por el altísimo riesgo que se corre de incendios graves.
La preocupación tiene su correlato con el último verano: fue lluvioso en extremo, las pasturas ganaron en volumen y altura y ahora que están secas son un material ignífugo que se prende de nada. El problema es que no hay acuerdo entre las áreas de Ambiente y los productores sobre cómo hacer los trabajos preventivos en lo que se denominan picadas cortafuegos. Ante la duda, Ambiente no deja intervenir y castiga con desmesura cuando el trabajo se hace.
Todo es producto de la incongruencia que existe entre la ley de bosques nativos vigente y su decreto reglamentario. El decreto viene siendo tildado de inconstitucional por los sectores que representan a la producción y existe una promesa del gobierno de Córdoba de compatibilizar ambos ordenamientos.
Las lluvias del verano pasado generaron un segundo inconveniente al destruir infinidad de caminos secundarios y terciarios que son los que tendrían que recorrer los bomberos en caso de fuego.
Y lo más grave: numerosos cuarteles de bomberos del norte de Córdoba están desmantelados, tienen escaso equipamiento, y sus vehículos no son aptos para el trabajo que deberían realizar.
También, existe la intención de instalar un sistema de antenas que les permita a los bomberos extender su radio de comunicación durante los incendios, aspecto esencial en el combate contra el fuego. No está claro quién financiará esa estructura.
“No buscamos culpables, buscamos soluciones y las proponemos gestionando nosotros”, señaló Atilio Carignano, presidente de la Sociedad Rural.
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