Todo comenzó con una carta documento que la Municipalidad de Colonia Caroya envío a la Asociación Civil Puerto Caroya en la que le notificaba que se daba por caduco el convenio de cesión gratuita de uso y goce del inmueble que ocupan sobre la ruta 9. En el mismo acto señalaban que se reservaban la potestad para exigir el inmediato desalojo del inmueble, hecho que debía producirse dentro de los 60 días siguientes de haber sido notificados.
Paralelamente, el municipio envío otra notificación a quienes alquilan instalaciones dentro de Puerto Caroya para señalarles que como estaba caduco el vínculo con la Asociación Civil las obligaciones que tenían (el pago de los alquileres) con aquella debían arreglarlo en adelante con el municipio en forma directa.
A través de una carta, Puerto Caroya le retrucó al municipio que no quedaba claro el motivo por el cual daban por concluido el convenio y el vínculo, además de recordarles que el municipio como Socio Permanente de la institución podría haber utilizado otras vías para explicar el desaguisado.
En tercer lugar, le explicaban al municipio que la institución encargada de supervisar el correcto cumplimiento de los estatutos de la Asociación Civil era la Dirección de Persona Jurídica de la Provincia de Córdoba, no el municipio, pero que sin perjuicio de eso cada asamblea general ordinaria venía aprobando los balances y memorias sin objeciones ni observaciones.
¿La madre del desencuentro?
Con el argumento de que tienen las cuentas saneadas, que no hay juicios pendientes, que la actual comisión llegó a un techo en cuanto a posibilidades de crecimiento y que, además, fue decisión de la asamblea celebrada en 2009, la Asociación Civil Puerto Caroya presentó un proyecto al municipio para transformar el predio en un parque industrial.Por imperio de la Ley 7255 de Promoción Industrial, la Asociación Civil necesitaba que el Concejo Deliberante declarase el proyecto de transformación de interés municipal para poder iniciar la formación de un ente promotor que es quien solicita y negocia los beneficios de la ley.
El proyecto de refuncionalización de Puerto Caroya conservaba un espacio para que funcione allí un centro comercial, un centro gastronómico, una oficina de turismo, y un salón para fiestas, más la modificación del ala sur para que funcionen allí oficinas, un show room, y una sala de conferencias.
La Asociación que se sostiene con los ingresos que generan los alquileres de stands, la cuota societaria, y los alquileres que pagan las firmas Recuperar y Petrol planteó en 2010 al Concejo Deliberante que había que desarrollar nuevos emprendimientos dentro del predio.
Los concejales de ese entonces y el Ejecutivo habían visto con buenos ojos aquella iniciativa y el actual intendente, parte de aquella gestión al frente de Gobierno, también lo había visto así.
De hecho, durante la actual gestión las conversaciones entre la Asociación Civil y el Ejecutivo marchaban bien hasta que dejaron de marchar, repentinamente y sin que estuvieran claras las razones.
A la Justicia
Tras la carta documento y ante el silencio que el Ejecutivo mantuvo sobre la respuesta que envió Puerto Caroya, las autoridades de la Asociación Civil decidieron ir un paso más allá y presentar un recurso de amparo el lunes pasado ante el juez José Sartori.¿Con qué argumentos? En primer lugar “que no existe ni hubo desde su fundación hasta la actualidad sobre Puerto Caroya, ninguna cuestión irregular denunciada respecto a su desenvolvimiento, giro o actuación por ante la dirección General de Personas Jurídicas”.
Que, además, cumple con las dos condiciones que le impuso la ordenaza de cesión gratuita de uso y goce del inmueble por el término de 30 años.
“La Asociación no ha incumplido ninguna de las condiciones establecidas y desarrolla sus actividades de manera pública, perfectamente sujeta a cualquier tipo de pruebas y respetando rigurosamente sus propios objetivos estatutarios y en tal sentido, entiende esta Asociación, que la manifestación vertida por el Intendente en la misiva aludida, deviene no solamente en desmedida e infundada sino rayana con lo tendenciosa”, señaló el asesor legal de Puerto Caroya, Jorge Luis Riveros, en el amparo que aceptó el juez Sartori.
El magistrado hizo lugar al pedido esta semana en los siguientes términos: “Admítase la presente acción de amparo interpuesta en tiempo y forma. la que se tramitará conforme a lo dispuesto por la Ley 4915. Téngase presente para su oportunidad la prueba ofrecida. Agréguese. Cítese y emplácese a la Municipalidad de Colonia Caroya, a través de la persona de su intendente, para que dentro del término de tres días comparezca a estar a derecho y empláceselo para dentro del mismo término produzca el informe y descargo probatorio”.
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