Se conoce como nepotismo a la predilección exagerada que tienen algunos funcionarios cuan-do ocupan cargos públicos respecto de su familia, allegados y amigos a la hora de realizar concesiones o contratar empleados estatales. En esos casos, el individuo que accede a un empleo público logra el objetivo por su cercanía y lealtad al gobernante o funcionario en cuestión, y no por mérito propio o capacidad.
La meritocracia, por el contrario, es una forma de gobierno cuyo fundamento es el mérito. Las posiciones jerárquicas se conquistan sobre la base del mérito y predominan valores que se asocian a la capacidad individual o al espíritu competitivo, por ejemplo, la excelencia en educación, salud, o deportes.
Gobiernos como el de Singapur o el de Finlandia utilizan estándares meritocráticos para la elección de autoridades, aunque mezclados con otros. El principal argumento a favor de la meritocracia es que proporciona mayor eficiencia que otros sistemas jerárquicos, dado que las distinciones no se hacen por sexo o raza ni por riqueza o posición social, entre otros factores biológicos o culturales. Aunque existen clases sociales, la meritocracia no pretende acabar con ellas. El mérito del esfuerzo individual se entiende como un criterio más justo que otros para la distribución de los premios y las ventajas sociales asociadas.
Hasta aquí lo que la teoría señala y resulta inobjetable: cuánto mejor serían los Ministerios, las Secretarías, las Subsecretarías, las Direcciones, las Subdirecciones, entre otras reparticiones, si estuviesen en manos de los que hicieron méritos para encabezarlas.
Si entre los que hicieron méritos están quienes son amigos de uno, cuánto mejor porque el mejor equipo siempre se integra junto a quienes se tienen mayores afinidades.
El problema se da cuando la repartición cae en manos de un amigo que no hizo méritos para eso, que no está capacitado para encabezarla, y cuando el resultado que debiera arrojar el funcionamiento de esa repartición será, seguramente, deficiente.
Uno podría consentir que un “compromiso” político o una “devolución” de favores haya que pagarlo con un empleo. Lo que resulta inadmisible es que un cargo esencial para el funcionamiento de una ciudad se ponga en manos de un inepto. Porque nadie debería utilizar dinero del erario público para pagar deudas políticas.
El otro problema que vienen teniendo nuestras comunidades es que los “merituados” no tienen interés en participar de la cosa pública y con su renuncia a participar dejan en manos de los menos capaces áreas y reparticiones centrales en el municipio, la Provincia, y la Nación.
Salir del nepotismo y avanzar hacia la meritocracia parece un intríngulis que los partidos políticos no pudieron resolver.
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