Para los que aman las estadísticas, atentos a este dato: en promedio, cada persona pasa un 11 por ciento del total de su vida en situación de discapacidad. El dato incluye los accidentes que impiden la movilidad y las situaciones de falta de movilidad durante la vejez, entre muchos otros.
Si fuésemos conscientes de este dato, seguramente seríamos más comprometidos en la inclusión de las personas con discapacidad y en el cumplimiento efectivo de sus derechos. Desde el año pasado, funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Jesús María, en conjunto con algunos concejales (pero en forma particular), vienen recopilando datos sobre discapacidad en la ciudad con un doble objetivo. Por un lado, para sancionar una ordenanza municipal sobre discapacidad y, por otra parte, para armar una Mesa sobre Discapacidad que pueda ir gestionando mejoras y cumplimiento de normas.
Hasta el momento, se desarrollaron 16 reuniones (la última fue el pasado martes) con grupos de padres, centros de rehabilitación, con los transportistas, y también con personas con discapacidad.
A diferencia de 2010, cuando el municipio lanzó un programa de accesibilidad que casi no se cumplió, en esta oportunidad, la nómina de prioridades de trabajo la establecerán quienes conviven con los obstáculos y problemas. No será, arbitrariamente, un Departamento Ejecutivo el que decida qué es lo que hay que hacer y en qué orden.
El primer avance, sin dudas, fue la sanción el año pasado de una ordenanza que liberó el uso de veredas y que permitió una mejor movilidad a las personas que usan sillas de ruedas o andadores.
Pero, atentos, la lista sobre las cosas que faltan es mucho mayor. El reporte al que accedió este semanario contabiliza las siguientes falencias en materia de inclusión:
La primera se relaciona con la cobertura de las obras sociales ya que hay burocracia de trámites e inconvenientes para cobrar los servicios y dificultades con la cobertura.
También se mencionó como problema la escasez de maestras integradoras para que los alumnos puedan concurrir a escuelas comunes.
Otro déficit está en la escasez de acompañantes terapéuticos con capacitación en discapacidad. Y para sumar en este sentido nuestra zona no cuenta casi con terapistas ocupacionales que son aquellos que ayudan en la recuperación de aquellos que padecen una discapacidad temporal o definitiva.Asimismo, se señaló como inconveniente el hecho de que haya un “sobrediagnóstico” sobre Trastornos Generales de Desarrollo (TGD) que es lo que antes de denominaba “autismo” a secas y luego se descubrió que tenía cuando menos cinco tipologías diferentes.
Se detectó la necesidad de mayor capacitación de los profesionales para la detección de los casos de TGD y para su posterior tratamiento. Y en el mismo ítem, la necesidad de generar espacios de esparcimiento para niños con TGD.
Como los certificados de discapacidad a nivel provincial, los elabora una Junta de Discapacidad se sugirió que sería importante conocer cuáles son los criterios que tiene la mencionada Junta para poder acordar junto a ellos algunos criterios comunes.
La enumeración de los inconvenientes siguió con los altos costos que tienen las prótesis y las ortosis.
Y para evitar las consabidas burocracias públicas y privadas se sugirió la posibilidad de diagramar una suerte de protocolo de actuación o un banco de información sobre procedimientos para la realización de trámites ante organismos públicos y obras sociales.
La inclusión laboral de personas con discapacidad también fue señalada como déficit regional. De hecho, David Morassi, un joven con discapacidad que participó de la última reunión señaló sobre el tema del cupo: “Quisiera que me vean como una persona capaz y no como una reducción de sus impuestos porque, si quitaran esos beneficios, ¿cuántos nos tomarían?”. Mucho por hacer.
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