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Jesús María: Contrarrestan acusaciones de Tribuno radical

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La gestión de Gabriel Frizza acusó a Daniel Martínez de lanzar sospechas inconsistentes y hacer valoraciones políticas que exceden su rol de contralor sobre la legalidad del gasto.

El tribuno de cuentas de la oposición, Daniel Martínez, remitió al Concejo Deliberante una nota cuestionando diversas contrataciones realizadas por el Ejecutivo, en particular una con la empresa Horminorte SA, para activar la construcción de un cruce peatonal sobre el Río Guanusacate en enero pasado, y así paliar la emergencia derivada de la caída del Puente Centenario, y otra vinculada con la compra de bloques de hormigón. Y también cuestionó una orden de pago en favor de este semanario.
A través de un parte de prensa municipal, el Ejecutivo salió a responder las acusaciones de Martínez, informacion que se trascribe a continuación de manera completa:
Estas son las razones que esgrime la gestión que conduce el intendente Gabriel Frizza:

Paso peatonal sobre el río Guanusacate

  • El mencionado tribuno señala que en el puente peatonal se gastaron $100.000 y pone en dudas, entre otras cosas, que el volumen de material y servicios contratados no se compadece con lo efectivamente utilizado en esa obra.
  • Ese cálculo parte de un error involuntario que efectivamente se cometió en la tramitación del expediente administrativo. Al momento de la contratación, en la NIP (Nota Interna de Pedido) se consignó que los insumos se iban a destinar a un solo destino y no a varios, como era realmente la intención. Concretamente, se indicó que era para la obra del paso provisorio, cuando se trataba de una previsión para esa obra, pero también para la posibilidad de armar un puente provisorio (Bailey) y para ejecutar defensas en la ribera del río.
  • La referencia anterior es para la contratación de 100 viajes de camión (con 6 m3 de relleno cada uno) y 70 horas de pala mecánica, a un costo de $29.880 y $33.600, respectivamente.
  • Lo primero que corresponde aclarar es que esa contratación se encaró sin tener la confirmación de la obra que finalmente se íba a realizar en medio de la emergencia. De hecho, el puente Bailey no llegó y se decidió de urgencia hacer el puente peatonal. Igualmente, el criterio inicial fue “stockear” horas de pala y camión para tener disponibles en ese momento. No está de más recordar el contexto en que se daba esta situación: se venía encima el Festival de Doma y Folklore y era imperioso generar una vía de comunicación alternativa al puente Centenario. Sobraban urgencias y faltaba tiempo, elementos que Martínez no incluye en sus consideraciones.
  • Por las razones apuntadas, de las horas contratadas la Municipalidad utilizó efectivamente una mínima proporción. En números: de los 100 viajes de camión, apenas 28, con lo cual quedan en stock y disponibles para su uso 72 viajes. Y de las 70 horas de pala, se usaron sólo 30 y sobran 40. Esto hace caer por inexactas todas las especulaciones de Martínez en relación a los costos de construcción del paso peatonal. Dicho de otro modo: en plena emergencia y sin tener definida la obra que finalmente se iba a encarar, el Ejecutivo optó por stockearse con horas de pala y camión, de las cuales utilizó sólo una parte y tiene ahora un remanente disponible para otras necesidades. Por tanto, no hubo gasto desmedido, ni irregularidad alguna.
  • Respecto de los costos, los $33.600 fijados para 70 horas de pala, hacen un promedio de $480 por hora, cuando en mercado esa prestación ronda los $600 pesos.
  • También señala Martínez que en lugar de contratar los 100 viajes de camión a un proveedor, se podrían haber utilizado camiones propios. Eso era imposible porque esas unidades estaban afectadas a sus tareas habituales. Además cuestiona que la contratación se haya dividido en dos. Esto último es potestad del Ejecutivo y  más aún en una situación de emergencia como la expuesta, que ameritaba una respuesta inmediata.
  • Por último, otra inexactitud. En su nota, el tribuno afirma que la “orden de compra” en cuestión “reingresó al Tribunal de Cuentas “anulada”. En rigor, la orden de compra nunca se anuló, sino que sigue su curso administrativo. Sí se anuló la orden de pago, a la espera de una resolución sobre el problema planteado. 

Compra de bloques

  • En la misma nota, Martínez objeta también la compra de bloques de hormigón por parte del Ejecutivo. En este caso la crítica no va direccionada a los precios, ni a la legalidad de la compra, sino al stock de materiales acumulado, que a criterio de ese tribuno sería “irracional”.
  • En lo que respecta estrictamente a la decisión administrativa de disponer de blocks, hay dos argumentos para destacar: en procesos inflacionarios como el actual, la acumulación de stock permite abaratar costos a futuro, por la permanente alza en los precios de materiales y mano de obra. Pero además, es de público conocimiento –y así lo ha manifestado el propio intendente a los medios de comunicación – que la Municipalidad prevé lanzar nuevos planes habitacionales (para construcción y mejoras) antes de fin de año. La disponibilidad de bloques se enmarca en esa estrategia y no en supuestos intereses políticos. 
  • Sin perjuicio del argumento anterior, en el caso de Martínez hay una flagrante contradicción en lo que él mismo enuncia como tarea principal de un tribuno de cuentas y lo que ejerce luego. Mediante nota que reproduce en su edición del pasado lunes el diario El Despertador (pag. 2A) dice el propio Tribunal de Cuentas: “La función de este órgano es la de controlar la legalidad del gasto y no la de merituar la oportunidad o conveniencia de los mismos”. Objetivamente en el tema de la bloquera, Martínez hace todo lo contrario: critica la oportunidad y conveniencia de tener stock de bloques, como si merituar esa cuestión fuera un asunto contable o de legalidad típico de la incumbencia de un tribuno y no una decisión política, discutible sólo en términos políticos que escapan a la responsabilidad funcional del Tribunal de Cuentas. Ese órgano: ¿Debe controlar la legalidad del gasto o evaluar su conveniencia política? Para quienes todavía dudan que lo que realmente corresponde es lo primero, pueden encontrar respuestas certeras en la legislación vigente.


Autor
Claudio Jose Minoldo

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