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Recientemente la Corte Suprema falló a favor de una organización civil que pedía acceso a la información pública al Estado Nacional por los subsidios.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió a favor del acceso a la información pública en un caso llevado adelante por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) como patrocinante del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
El caso planteaba el acceso a los padrones de beneficiarios de planes sociales, acceso rechazado con la argumentación de que era información sensible que afectaba a grupos vulnerables.
La sentencia sostuvo que  la información solicitada está “vinculada a cuestiones públicas” y que “el acceso a estos datos posee un claro interés público  [ya que] para realizar un exhaustivo control social sobre el modo en que los funcionarios competentes han asignado estos subsidios resulta necesario acceder al listado de los distintos beneficiarios y receptores de los planes sociales”. En este sentido, el tribunal señaló que “se trata de información de carácter público, que no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina”.
Sobre el supuesto daño que la revelación de esta información podría producir a beneficiarios de planes sociales, la Corte Suprema consideró que “no resulta nada obvio que el brindar esta información necesariamente vaya en desmedro de las personas en situación de vulnerabilidad social o económica que reciben estos subsidios. Tal perspectiva, incurriendo en una suerte de paternalismo, soslaya de manera injustificada que, precisamente, garantizando el control del accionar público en esta materia es que se podrán constatar los criterios empleados para la asignación de los subsidios y, en caso de detectar supuestos de arbitrariedad o desigualdad de trato, acudir a los correspondientes remedios legales en resguardo de los derechos de las personas que integran ese colectivo”.
El acceso a la información pública es un derecho fundamental en una sociedad democrática. En Argentina, todavía no es ley nacional sino un decreto presidencial que no siempre se ha querido cumplir.
En nuestra zona, solamente Jesús María cuenta con una ordenanza de acceso a la información pública que, por el momento, no ha sido demasiado utilizada por los vecinos. En Colonia Caroya, el Frente Cívico viene motorizando la aprobación de una ordenanza en ese sentido, pero todavía no es norma.
Se trata de esfuerzos por transparentar las cuentas públicas y dejar habilitadas las puertas para que cada vecino pueda saber cuál es el destino que el municipio le da a cada centavo que maneja y que proviene de nuestros impuestos. Contar con una ley nacional sería un decidio avance en torno a la necesidad de dotarnos de herramientas que hagan más efectivo el control ciudadano.


Autor
Claudio Jose Minoldo

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