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A nuestros vecinos caroyenses:

Es indudable que uno de los cambios más importantes que introdujo nuestra Carta Orgánica Municipal es el referido a la integración del “Tribunal de Cuentas”.
Como es conocido, ahora está compuesto por tres miembros de distintos partidos políticos, elegidos por voto popular, con el fin primordial de asegurar la independencia de poderes, y más importante aún, garantizar el control objetivo de la legalidad de los actos de gobierno.
Para asegurar los destinos de los numerosos fondos que el Departamento Ejecutivo otorga en concepto de subsidios y en cumplimiento de elementales principios constitucionales y legales, el Tribunal de Cuentas, por unanimidad de votos, emitió la resolución N° 077/2013 que establece el criterio para el control de la rendición del destino final de los subsidios, de modo de asegurar la legalidad del uso de los mismos. Esta es una facultad establecida en forma taxativa tanto en la Carta Orgánica Municipal, como en el conjunto de leyes provinciales y nacionales que regulan el funcionamiento de los tribunales de cuentas y organismos de control.
Cabe recordar que los artículos de la carta Orgánica Municipal que regulan el Tribunal de Cuentas y su composición fueron aprobados por unanimidad de votos, inclusive por el actual Intendente, algunos de sus funcionarios, y por la actual presidente del Concejo Deliberante.
En este contexto y luego de numerosas “observaciones a gastos” y  “visadas con reservas” a actos administrativos que no se ajustan a las leyes vigentes, nos resulta muy preocupante que el Departamento Ejecutivo Municipal declare improcedente la resolución donde este tribunal establece precisamente el control administrativo del destino final de los subsidios, incluso amenazando a los tribunos con iniciar acciones legales por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Para el Señor Intendente y sus asesores, parecería que controlar que los actos administrativos se ajusten a la ley “es poner palos en la rueda”, cuando en realidad es cumplir con la función básica de este organismo, que es “controlar el dinero de todos para que se administre adecuadamente”.
Lo que no hay que perder de vista nunca, es que los dineros municipales son públicos y propiedad de los vecinos, que las autoridades en ejercicio son administradores circunstanciales que deben ajustar su accionar a lo que establece la Carta Orgánica Municipal y demás legislaciones y que los organismos democráticos de control tienen en la obligación ética, legal y moral de hacer cumplir.

Colonia Caroya, Octubre 31 de 2013.
Frente Cívico – Unión Vecinal Federal
Circuito Colonia Caroya


Claudio Jose Minoldo

Claudio Jose Minoldo

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