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Libertad de expresión y capacidad de presión

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Condicionados los medios de comunicación por la venta de avisos publicitarios, existen mecanismos para condicionarlos.

De tanto en tanto a los medios de comunicación les da por el sincericidio, esto es, confesar que el retraso en el pago de una pauta publicitaria pone en riesgo el equilibrio de la empresa.
Ocurrió recientemente con el medio universitario cordobés cuando salió a decir que el gobierno de Córdoba le adeudaba cerca de 10 millones de pesos. Y, a confesión de parte, quienes intentan sostener el periodismo independiente de Página/12 saben que están condicionados brutalmente por la pauta publicitaria que les aporta el gobierno nacional. Dos ejemplos, cerca y lejos, sobre cómo el poder político puede ejercer una presión que no es el equivalente del cercenamiento de la libertad de expresión, pero sí un enorme condicionamiento.
Y sucede en menor medida con todos los medios, particularmente en el interior del interior donde los acuerdos con los estados municipales, las cooperativas, y las instituciones intermedias suelen representar un porcentaje importante de los ingresos de ese medio de comunicación.
Hasta aquí, nada extraño. La contraprestación es un anuncio, un spot, un audio, un video, un archivo flash para internet. Y un acuerdo para incorporar en la agenda de temas algunos de las noticias que producen esas instituciones.
Pero viene ocurriendo en localidades muy pequeñas, donde hay un aporte imprescindible por parte del Estado para sostener empresas de comunicación, que los jefes comunales intervienen de manera grosera en la construcción de la agenda de temas, sugieren, tachan, condenan, marcan, y hasta sugieren qué escribir, con qué epígrafe de foto, y en qué lugar de la página colocar esa información.
En la medida en que la ciudad se hace más grande, esa posibilidad se reduce notablemente. Afortunadamente, nuestra región se inscribe dentro de estas últimas y a las autoridades se les haría imposible pretender cercenar la libertad de expresión.
No ha mediado, hasta ahora, por parte de ninguno de los jefes comunales de esta región un intento por suprimir alguna voz crítica y ése es un valioso dato.
Pero vale recordar que en el pasado reciente hubo jefes comunales que decidieron disminuir o suprimir pautas, que levantaron teléfonos para pedir a anunciantes particulares que restaran colaboración a determinados medios, que retrasaron sin motivo el pago de obligaciones con los medios, poniendo en tensión la economía de algunos de ellos.
Y existen, además, una serie de acciones más que pueden poner en marcha las autoridades para dificultad la tarea de informar con cierta objetividad, lo más cerca posible de la verdad, y con la mayor honestidad intelectual posible.
Regla primordial de la democracia es permitir que cada ciudadano pueda levantar la voz contra lo que considera injusto y que los medios puedan amplificar ese reclamo ciudadano para que llegue a todos los rincones posibles.
Más allá de la amenaza, del enojo, del insulto, no hay mejor condicionamiento hacia un medio de comunicación que restringirle el acceso al dinero de los avisos publicitarios (públicos y privados) que es con el que sostienen toda la estructura de sus servicios informativos.
Allí es donde el Estado suele ejercer su capacidad de presión que suele derivar en una autolimitación de las empresas de comunicación en su libertad de expresión.
Suele derivar esta conducta en la orden que los dueños de los medios bajan a los periodistas para no perjudicar relaciones tensas a nivel comercial. Es decir, se dejan de hablar ciertos temas hasta tanto se solucionen los números.
¿Debiera ser de otra manera? ¿El poder político debiera obrar diferente para poder garantizar la libertad absoluta de expresión? La respuesta es sí, aunque en la práctica las conductas que se ven sean diferentes.
En definitiva, resulta casi imposible pensar en que el poder político deje operar a la prensa sin limitación alguna y resulta casi imposible pensar que todos los medios dejarán que sea  la economía la única que influya en la independencia editorial.
Afortunadamente, hay medios y periodistas con las suficientes agallas como para aguantar los chubascos más feroces y los huracanes más violentos.
Porque sigue siendo la comunicación una herramienta más en el control de los actos de cualquier gobierno, una rueda de auxilio para los ciudadanos de a pie que no siempre tienen acceso a la información sobre lo que hacen los gobiernos con el dinero que le aportan a las arcas públicas a través de tasas e impuestos.
Y será así hasta tanto la propia gente decida en qué lugar quiere colocar a los medios de comunicación en estas pujas de poder.


Autor
Claudio Jose Minoldo

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