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Las veredas finalmente serán transitables para todas y todos sin distinciones

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Se terminó de consensuar la ordenanza que ordena liberar 1,50 metros desde la línea de edificación hacia la calle y 80 centímetros desde el cordón hacia el interior. 

Por: Leonardo Rossi (De nuestra Redacción)

Tras meses de trabajo, el Concejo Deliberante de Jesús María alcanzó un texto consensuado sobre la accesibilidad en la ciudad. La propuesta tiene como principal virtud dejar de forma explícita cuáles son los espacios de las veredas que sí o sí deben quedar libres para el tránsito peatonal. De esta forma se viene reparar una deuda con las personas que presentan movilidad reducida. Puntualmente, se debe dejar libre 1,50 metros desde la línea de edificación hacia la vereda, y 80 centímetros desde el cordón hacia el interior. La ordenanza sería sancionada la semana próxima.
El espíritu de la futura legislación se encuentra en su artículo 9°. En el inciso A señala que en las veredas “se delimitará una ‘zona exclusiva de tránsito peatonal’ y una ‘zona de ocupación permitida’”. La primera “ocupará una superficie de 1,50 metros medida desde la línea de edificación hacia el cordón de la vereda en todo su largo”. En ese sector de la vía “queda prohibida la ocupación con cualquier tipo de elementos”. Es decir, no puede haber obstrucción alguna. Además, según marca el inciso B, “deberá dejarse libre de ocupación una superficie de 80 centímetros medida de el cordón de la vereda y hacia la zona de ocupación permitida”. De esta forma se garantiza el ascenso y descenso desde los vehículos. En el mismo artículo del proyecto (inciso C) se hace responsable al dueño del comercio de “marcar con líneas amarillas que delimiten ambas zonas”, por lo que quedará a la vista una senda peatonal.
En otro punto (inciso F), queda aclarado que “en las esquinas, por ser zona de confluencia de tránsito peatonal no se permitirá la instalación” de mesas, sillas ni elemento comercial alguno.
Otro artículo clave es el 17° ya que establece las sanciones para quienes incumplan la norma. Por ejemplo, por ocupar la zona exclusiva de tránsito peatonal la multa irá de 30 a 200 UEM (Unidad Económica de Multas, equivalente a diez litros de nafta súper). Un infractor que tenga revocado su permiso para ocupar veredas, producto de tres infracciones previas constatadas, y siga ocupando la vía pública recibirá una sanción de entre 100 y 500 UEM, con la posibilidad de que el local sea clausurado.
Un bien para la ciudad
Impulsora de esta nueva norma, la concejala oficialista (Partido Socialista) Verónica Búa explica que para alcanzar este texto “se escuchó a todos”. A partir de ese punto, se avanzó en un “proceso que decantó en esta ordenanza”. “Lo que quedó claro, dentro de todas las propuestas, debates e intercambios es que la accesibilidad es un derecho.” El proyecto se trabajó en el pleno del Consejo en todas las sesiones, un formato que a entender de Búa “enriqueció mucho los artículos y permitió alcanzar una norma plural”.
Acerca del choque entre el interés de los comerciantes –que aducían argumentos como la pérdida de ingresos al tener que sacar mesas-- y de las personas con discapacidad, la edil considera que finalmente “se logró entender que este cambio es un bien para la ciudad y no sólo para un sector”. Aún sin estar la normativa sancionada “varios ya se han adaptado”, destaca la concejala socialista.

No caer en letra muerta
David Morassi presenta discapacidad motriz. Participó activamente de los debates en torno a la nueva ordenanza. Al llegar este momento de culminación, ya apunta hacia adelante: “Lo fundamental va ser que la norma se respete”. Morassi se refiere a la vasta legislación vigente que no se aplica. Por ejemplo, el inciso A del artículo 44 de la ordenanza tarifaria, sancionada en diciembre de 2011, que sólo permite “una fila de mesa próxima al cordón de la calle en lugares o locales donde no se moleste al tránsito peatonal”, o la ley nacional 22.341, a la Córdoba adhirió (ley 8.501), que contempla para las veredas “una anchura mínima en todo su recorrido que permita el paso de dos personas, una de ellas en silla de ruedas”
El largo debate en torno a la nueva norma local, el acercamiento de las partes involucradas, y la participación clave de actores del Ejecutivo, como el Complejo Para la Discapacidad, por ejemplo, supone un nuevo impulso para controlar y hacer aplicar la ordenanza por parte del Municipio.
La ordenanza no fija a los comerciantes fechas de adaptación a la norma. Morassi reconoce que  “en un día no va cambiar” la geografía urbana. Pero es optimista: “De acá a dos o tres meses espero que se cumpla del primero al último artículo de la ordenanza”.


Autor
Claudio Jose Minoldo

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