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Cerrarán las cortadas de ladrillo que en Colonia Caroya no se adecuen a lo que plantea la ordenanza vigente

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Se agota el plazo de adecuación para que los productores de ladrillos de Colonia Caroya se adapten a regulaciones laborales, ambientales y legales. Entre cinco y siete establecimientos desaparecerían

Por: Leonardo Rossi (De nuestra Redacción)

“No quedarán más de diez o doce cortadas”, analiza Eduardo Angulo, jefe del Departamento de Ambiente y Desarrollo Rural de Colonia Caroya. Se refiere al vencimiento, en mayo, del plazo de adecuación para que los productores de ladrillo ordenen aspectos legales, administrativos, sanitarios y ambientales.
En octubre del año pasado se sancionó y promulgó la ordenanza 1741, que regula el sector. Unas “17 cortadas” quedaron en observación. El plazo para atender a los requerimientos de la normativa fue de 180 días. Entre otros puntos, el artículo 9º, en su inciso B, exige “asegurar las condiciones de higiene, seguridad, y protección” de los obreros. Otras cuestiones que aborda la normativa refieren a la localización de los hornos, “a 200 metros respecto a la vivienda más cercana” y a “500 metros” de escuelas, centros sanitarios, y clubes, entre otros sitios de aglomeración. 

Un mundo interior
A partir de una denuncia por contaminación de una cortada, el delegado de la Defensoría del Pueblo, Daniel Gatica, se interiorizó en la temática de los ladrilleros. “Las condiciones de vida de los trabajadores, en su mayoría bolivianos, eran muy malas”, relata. Y recuerda que muchas casas, ubicadas dentro del predio laboral, “no tenían piso ni sanitarios”.
La muerte de un niño, primero, y de otro joven que cayó de un tractor, dentro de las cortadas, motorizaron la tarea pública. Gatica acercó a personal del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), los ministerios nacionales de Trabajo y Desarrollo Social, y al Consulado de Bolivia en Córdoba. Desde el plano local se avanzó en legislar. 

Conservar empleos
Los organismos federales y el municipio abordaron la tarea en forma conjunta, en busca de revertir esta realidad, pero en una apuesta por no perder los puestos de trabajo. Angulo destaca que “más de 50 familias” dependen de estos emprendimientos; personas “con hijos que estudian en la zona, y que sienten Argentina como su país”.  
A partir de la nueva norma, que apunta a blanquear el sector, algunos propietarios de las cortadas –dueños también de los predios donde funcionan los hornos o arrendatarios, en otros casos-- manifiestan que “perderían competitividad”, señala el funcionario local.  Angulo punteó algunas alternativas debatidas para equilibrar costos y beneficios: poner una tasa diferencial a los ladrillos que no sean producidos localmente, trabajar de forma conjunta entre varios propietarios, incluso crear un consorcio para reducir gastos. Otros, los que bajo ningún aspecto quieren acatar la norma “se irán afuera del ejido”, y por eso “se va a achicar el número de cortadas”.

Más Estado
Lo que plantea la ordenanza “es una muy buena idea, pero se tiene que cumplir”, sostiene Miguel Nanini, propietario de una cortada. El hombre asistió a los cursos obligatorios que brindó la Municipalidad, para capacitar en aspectos ambientales, laborales, y administrativos. La nueva perspectiva le parece válida, pero con sinceridad plantea su temor a “perder clientes”, a manos de sectores que operan en negro, y venden más barato. 
Hoy a Nanini le cuesta $750 pesos producir mil ladrillos, que vende a $1.000, mientras que algunos competidores lo sacan al mercado un 20% más abajo. “Me pasé la vida invirtiendo y hoy no alcanza”, expulsa, este hombre de 56 años, con dos décadas en el rubro. “No tengo esperanza de que el Estado controle a los que están en negro, eso nunca pasó”, dice con desahucio y memoria de una vida.

Ladrillo sin sangre
Un tema que flota entre los distintos actores involucrados en este cambio de enfoque para las cortadas es la otra pata del asunto: el comprador. Para Nanini al cliente “no le importa nada más que el precio”. En otras palabras, no toma en cuenta si ese producto causa algún tipo de impacto ambiental grave o si las condiciones de empleo de quien fabrica son dignas.
Si se hace caso a las recomendaciones, ortodoxas o heterodoxas, de diversos economistas el refugio económico en ladrillos es una realidad de la última década en el país. Principalmente de sectores que han tenido rentas extraordinarias, como ser el agropecuario. Para Gatica “esta gran demanda de la construcción hizo que se buscara esta mano de obra barata” y como parte de un círculo vicioso “esto ha facilitado el boom de la construcción, de la zona norte de la provincia”.
En este sentido, para Angulo “la responsabilidad social también es del que construye, y su papel es fundamental”. El gran desafío, plantea Gatica, es avanzar en “la idea del ladrillo sin sangre, como un sello de calidad”.  


Autor
Claudio Jose Minoldo

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