Hay hechos que parecen aislados, pero tienen un hilo conductor que confluye en la ausencia de políticas públicas estatales que saquen al norte de Córdoba del letargo en el que vive desde hace, cuando menos, 30 años.
Y la culpa de esa ausencia de políticas deben repartírsela entre gestiones radicales y justicialistas -si de gobiernos democráticos se habla- y también de los gobiernos de facto que los antecedieron.
No hubo inversiones genuinas ni incentivo a la inversión privada y, lejos de dotarlo de infraestructura, se ha hecho un vacío en obras públicas y servicios muy notorios.
Salvando Jesús María y su zona de influencia donde la riqueza lo diferencia claramente del resto de sus vecinos norteños, el resto de las comunidades y pueblos subsisten con escasos recursos y recaudaciones propias insignificantes.
Por citar un ejemplo, las tasas de recaudación de tasas municipales rondan en 25 por ciento de efectividad, lo que equivale a decir que entre dos y tres de cada diez vecinos paga sus tasas municipales. Dependen, por tanto, casi exclusivamente de lo que perciben de coparticipación y las obras y servicios nuevos en esos lugares dependen en mayor o menor grado de la capacidad de sus intendentes y de sus jefes comunales de gestionar ante la Provincia o la Nación.
Faltan caminos, no está resuelto el problema del enterramiento de residuos, hay lugares donde no hay comunicación telefónica, no hay obras para garantizar el consumo de agua potable por parte de las poblaciones, problemas que se suman a las propias incapacidades de gestión que, en muchos casos, termina destinando la mayor parte de sus recursos en sostener plantas de trabajadores comunales que prestan servicios sin eficacia ni eficiencia.
Córdoba tiene su propia deuda interna con el norte, una región que fue azotada por voraces incendios en el último quinquenio, que viene padeciendo una sequía desoladora, y donde el desmonte irracional ha puesto en peligro la propia subsistencia de los lugareños.
Basten recorrer los polvorientos caminos de tierra de los departamentos Tulumba, Ischilín, y Río Seco para ver las consecuencias de tal desmanejo de los recursos naturales.
Y ante eso, la respuesta del Estado ha sido, mayoritariamente, el silencio. Fíjense sino lo que ocurrió con el anuncio de la refuncionalización del Camino Real, obra para la que se habían anunciado inversiones por más de 12 millones de pesos en un trabajo sostenido hasta 2016.
Salvo algunas refacciones mayores en postas y algunos centros de interpretación, la historia del Camino Real sigue esperando su oportunidad y las inversiones prometidas.
Sin embargo, y a diferencia de otros tiempos, han aparecido en todo el norte cordobés funcionarios que responden a la indiferencia con trabajo y con propuestas que atienden a comunicar que el norte tiene bagaje cultural, tradición artesanal, recetas de gastronomía singulares, pequeños hitos naturales donde admirarse, edificios y caminos con historia que muchos próceres recorrieron.
Esos funcionarios no se quedan esperando que se cumplan las promesas. Por el contrario, aprovechan todos los medios disponibles (redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto) para extender los mensajes sobre lo que el norte tiene.
Un norte que está lejos de los grandes espejos de agua y las montañas pero que, en su reemplazo, tiene estancias y paseos, y la posibilidad de avistar flora y fauna que en otros parajes es muy difícil de ver.
Todo ello sin ponerse a enumerar lo que en términos de economía representan los aportes que los norteños dejan en concepto de producciones agropecuarias.
Frenar el éxodo del norte hacia las grandes ciudades es una responsabilidad que el Estado no puede delegar. Tiene que haber programas de beneficios para que los habitantes de un lugar decidan quedarse en él.
Necesitan aparecer, también en una fecha distinta a la de las elecciones. Necesitan aparecer con un plan de mediano y largo plazo en obras donde se asegure la sustentabilidad de sus comunidades y una mejor redistribución de la riqueza, quizás el mayor de los desafíos.
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